El costo real de un incumplimiento en contratistas: multas, juicios y responsabilidad para la empresa
- Karina de Valídate
- hace 2 días
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En una empresa mandante, el control de contratistas rara vez “falla” por un gran evento. Casi siempre empieza por algo pequeño: un F30-1 vencido, cotizaciones impagas “por error”, un contrato sin firma, una inducción de seguridad incompleta o un documento que quedó en el correo equivocado. El problema es que, cuando hay fiscalización o conflicto, ese “detalle” se convierte en evidencia… y la mandante queda expuesta.
En Chile, la lógica es clara: si la empresa principal no ejerce adecuadamente sus derechos de información y retención, puede terminar respondiendo solidariamente por deudas laborales y previsionales del contratista.
Este post busca ayudarte a cuantificar el riesgo con ejemplos reales (fallos judiciales y criterios oficiales), y a entender por qué el control digital con certificación de cumplimiento no es “un sistema más”, sino una póliza operativa contra multas, juicios y paralizaciones.
El golpe silencioso: cuando la mandante termina pagando lo que no generó
La Ley de Subcontratación (Ley 20.123) establece que la empresa principal puede ser solidariamente responsable de obligaciones laborales y previsionales del contratista, acotadas al periodo en que el trabajador prestó servicios bajo subcontratación.
Y esto no es teórico. La Corte Suprema ha ordenado a una empresa principal concurrir solidariamente al pago de remuneraciones adeudadas (incluida la lógica de la “nulidad del despido” por cotizaciones impagas), en un caso asociado a subcontratación.
Traducción operativa: si el contratista no paga (o paga tarde) y existe conflicto laboral, la mandante puede quedar dentro del alcance del cobro, aunque no sea el empleador directo.
Multas que sí se pueden estimar
Muchas sanciones administrativas se expresan en UTM y pueden escalar por gravedad, tamaño de empresa y reiteración. La Dirección del Trabajo mantiene un Tipificador Infraccional (actualizado al 28 de noviembre de 2025) que sustenta la aplicación de multas administrativas.
Para poner números “de referencia” (sin depender de estimaciones): en enero 2026, 1 UTM = $69.751 CLP.
Ejemplo A: simulación en subcontratación (mandante expuesta)
Si los servicios se prestan sin vínculo de dependencia real con el contratista, la DT indica que la empresa principal puede ser sancionada con multa de 5 a 100 UTM por simulación de contrato de subcontratación.
Con UTM enero 2026:
5 UTM ≈ $348.755
100 UTM ≈ $6.975.100
Ejemplo B: simulación o “subterfugio” (MultiRUT / empleador único)
En casos de simulación/subterfugio vinculados a alteración de la individualidad del empleador, la DT señala multas de 20 a 300 UTM, con posibilidad de incremento e incluso duplicarse o triplicarse según el caso.
Con UTM enero 2026:
20 UTM ≈ $1.395.020
300 UTM ≈ $20.925.300
Es decir: no es “una multa”. Son varias, por distintos hallazgos, en distintos contratos, con distintos contratistas, acumuladas mes a mes.
Fallos típicos que disparan el riesgo
Estos son patrones de incumplimiento que terminan afectando directamente a la mandante por costo, continuidad operacional o litigio:
No ejercer control y retención: si no pides certificados, no retienes pagos cuando corresponde y no dejas evidencia trazable, aumentas tu exposición a responsabilidad solidaria.
Cotizaciones impagas / nulidad del despido: el riesgo se materializa en juicios donde la empresa principal puede ser obligada a concurrir al pago solidario, como ha sostenido la Corte Suprema.
Subcontratación “simulada”: cuando el contratista es un “intermediario” y el mando real lo ejerce la mandante, hay multas específicas (5 a 100 UTM) y el conflicto tiende a escalar.
Brechas de SSO en régimen de subcontratación: el marco exige coordinación entre empresa principal y contratistas en seguridad y salud en el trabajo; no tenerlo ordenado te expone a sanciones y detenciones operacionales.
Documentación vencida o incompleta: genera rechazos, atrasos, bloqueos de acceso y evidencia débil ante fiscalizaciones (especialmente cuando la empresa no puede reconstruir “qué se pidió, cuándo, a quién, y qué se aprobó”).
El problema de fondo: cumplir no basta, hay que poder probarlo
En auditoría, fiscalización o juicio, lo que más cuesta no es “tener el papel”: es demostrar trazabilidad:
qué documento se exigía para ese servicio y esa faena
cuál era la vigencia aplicable
cuándo se solicitó y a quién
quién revisó, con qué criterio, y qué observaciones dejó
qué evidencias respaldan el “cumple / no cumple”
qué acciones correctivas se implementaron y en qué fecha
Sin control digital, ese relato queda repartido entre planillas, correos, carpetas, WhatsApp y personas clave. Y cuando cambia el equipo, el control se rompe.
La diferencia entre “revisar documentos” y tener un control normativo certificable
Aquí es donde Valídate deja de ser “gestión documental” y se transforma en una capa de cumplimiento normativo:
Control digital de documentación con requisitos parametrizados por tipo de servicio, faena, perfil de trabajador y vigencias.
Evidencia y trazabilidad para auditorías: historial de solicitud, carga, revisión, rechazo/aprobación y seguimiento.
Certificación de cumplimiento (por contratista / contrato / periodo), útil para administración de contrato, abastecimiento, prevención y legal.
Adaptación por legislación territorial: estandarizas el control sin perder el detalle normativo local, evitando “copiar y pegar” reglas que no aplican en todas las operaciones.
Checklist mínimo para bajar el riesgo desde este mes
Si eres mandante y necesitas priorizar rápido:
Define un estándar documental por servicio y criticidad (no todo se controla igual).
Asegura el ciclo completo: solicitud → revisión → alertas → retención → cierre mensual (no solo “subir documentos”).
Mantén evidencia descargable por contrato: “qué se exigió y qué se cumplió”.
Exige trazabilidad del control SSO en subcontratación (coordinación efectiva con contratistas).
Mantén a mano reglas base de subcontratación y responsabilidad (información/retención).
El costo no es la multa, es la incertidumbre
Una multa en UTM se puede estimar. Lo que destruye presupuesto y continuidad es la incertidumbre: no saber qué contratista está en riesgo, qué documento venció, qué faena quedó expuesta y qué evidencias faltan para defender el cumplimiento.
Si quieres, el siguiente paso lógico es implementar un control digital que reduzca riesgo y deje evidencia certificable, alineado a la normativa aplicable en cada operación. Valídate existe exactamente para eso.